Destitución K,
¿golpismo o clamor popular?
UN POLÉMICO DEBATE
Asfixia social,
parálisis política y la encrucijada de esta hora.
Es un momento casi
dramático, dólar blue superando los diez pesos, leyes contra la independencia
de la justicia, monopolio K mediático, desfalcos multimillonarios en valijas
que se multiplican, bóvedas que esconden algo más que muertos, lavado de dinero
y excarcelaciones para los convictos de la peor ralea; en este marco una clase
política condescendiente con los niveles de pobreza e inseguridad que suben al
máximo histórico, muertes (51 en Once, 360 extraoficiales en La Plata)
evitables.
¿Hay formas
democráticas de proteger los derechos de la clase trabajadora que es el 80% de
la población? ¿Hay mecanismos que nos liberen del populismo pseudoprogresista?
¿Podemos escapar de este callejón sin salida sin forzar el quiebre
institucional? Son miles los que creen que si es posible antes que se genere un
estallido social o una implosión (no sabría que es peor), y en esto coinciden
los más importantes analistas sociopolíticos del país.
Aplicar la
constitución sin golpear las puertas de los cuarteles: el delicado equilibrio
de la democracia.
El artículo 53 dice:
Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente,
al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte
Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes
comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la
formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros
presentes.
El artículo 59 dice:
Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de
Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto.
Cuando el acusado sea
el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la
Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos
tercios de los miembros presentes.
Así que vemos que es
posible celebrar el juicio político a la presidente y con ello su destitución
constitucional, como la que realizó el parlamento paraguayo en su país.
El artículo 29 dice:
El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas
provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la
suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la
vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o
persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable,
y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y
pena de los infames traidores a la patria.
Esto no es incitar a
un golpe de estado clásico (obsoleto y reprobable siempre). Aplicar la
constitución impedirá una próxima reforma de la misma, (impulsada por el
kirchnerismo) para facilitar la reelección de Cristina.
La destitución no es
antidemocrática, si no pro institucional, la Constitución carece de espíritu golpista.
Muchos creen que el
discurso anti K es antidemocrático y progolpista, pero esto es una falacia: el
cristinismo no es el adalid de las libertades democráticas ni sus únicos
defensores; ser destituyente hoy significa aplicar la legalidad de la constitución
sin fueros ni privilegios.
Destituir hoy a
Cristina Fernández no genera ningún riesgo para la democracia ni para las
instituciones, ese fantasma golpista no existe ya que los argentinos jamás
tolerarían otro golpe cívico militar, que se ha probado es un grave error. La
alternativa no es Cristina o los militares, y debería ser Cristina o la
República; aunque suene muy amarga esta ultima consigna para las legiones de
focas K (porque tienen el agua hasta el cuello y ellos siguen aplaudiendo).
Juicio político y
desobediencia civil: recursos de defensa ciudadana.
No pagar impuestos no
es un delito como se azuza y amedrenta al colectivo civil, la protesta y
movilizaciones en las calles no son reaccionarias sino legitimas, el cacerolazo
y la desobediencia civil también son recursos que tenemos contra un estado que
arrasa los derechos civiles y jurídicos. Es legitima la defensa del pueblo
cuando un poder omnímodo y caprichoso desestructura todos los andamiajes que
componen nuestra sociedad. No es reaccionario ni gorila ni golpista: es
legítimo y democrático. Aunque es verdad que son etapas preliminares e
imperfectas que deben desembocar en la destitución constitucional.
Entre la derecha
gorila y la izquierda anárquica, el camino central de la constitución nacional.
La actual polaridad
ideológica del país llevó a décadas sangrientas de luchas fratricidas, cada
sector se creía iluminado por la historia para cambiar el curso de gobiernos
corruptos, pero existe una creciente tendencia mundial a una tercera posición,
a los matices entre los extremos, estas variables tienen como base la
aplicación irrestricta de la letra y espíritu de la constitución nacional en un
estado plenamente democrático. Esta posición de centro permite enjuiciar y
destituir a cualquier político corrupto sin que corra riesgos la democracia. El
maniqueísmo entre militares que toman el poder (lo cual es un error) y los así
llamados revolucionarios que incendian un país en la protesta, es el tiempo de
no seguir sus tentaciones y encontrar un camino donde la Constitución realmente
se cumpla.
Defendernos de los
totalitarismos sin caer en extremos detestables es el menudo desafío a la
madurez de nuestra condicionada democracia.
Pedro Alejandro
Ivanoff (Tribuna de periodistas)
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